AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DECANO DE MARBELLA

	El Fiscal de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, al amparo de lo previsto en los arts. 5 y 18 ter EOMF, 105, 270 ss y 773.2 LECrim, interpone QUERELLA contra D. Julián Felipe Muñoz Palomo, D. Juan Antonio Roca Nicolás y D. José Mora Igeño, por su participación en la presunta comisión de sendos delitos continuados de prevaricación (art. 404 CP), contra la ordenación del territorio (art. 320 CP), fraude (art. 406 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432.1 CP).

1.º La presente querella se presenta ante el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MARBELLA que por turno corresponda, por ser este el lugar de comisión de los delitos (art. 14.2.º LECrim).

2.º Es QUERELLANTE el MINISTERIO FISCAL.

3.º Son QUERELLADOS, sin perjuicio de que durante la instrucción de la causa puedan resultar imputadas otras personas:

D. JULIÁN FELIPE MUÑOZ PALOMO,

D. JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS, 

D. JOSÉ MORA IGEÑO, 

4.º Los hechos por los que se interpone la presente querella y que se relatan a continuación son el resultado parcial de la investigación llevada a cabo en el marco de las Diligencias de Investigación n.º 4/05 de esta Fiscalía.

Dichas Diligencias fueron incoadas el 26 de enero de 2005, como consecuencia de la remisión a esta Fiscalía del proyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas tras alegaciones, relativo al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles participadas durante los años 2000 y 2001, toda vez que el Fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había apreciado en el mismo indicios de responsabilidad penal. Conforme a lo previsto en el art. 5 EOMF, las Diligencias de Investigación n.º 4/05 han sido prorrogadas dos veces mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado, por sendos períodos de seis meses.

A) En los epígrafes 5.12 y 7.15 del citado informe del Tribunal de Cuentas se analizan los “Convenios con particulares y enajenaciones de bienes inmuebles”. Se reproducen a continuación las conclusiones a que ha llegado el Fiscal en relación con  estos hechos, una vez finalizadas las citadas Diligencias de Investigación.

Los convenios contemplan todo tipo de operaciones, como por ejemplo la permuta o la dación en pago. Sin embargo, los más frecuentes son aquéllos en los que se pacta una modificación de los parámetros urbanísticos de determinado terreno, supeditando su eficacia a la aprobación definitiva de la revisión del P.G.O.U. Por regla general, en virtud de estos convenios, el Ayuntamiento enajena al interesado los aprovechamientos futuros de que es titular, cobrando una parte del precio en ese momento y aplazando el pago del resto al momento de la aprobación de la revisión del P.G.O.U. o de concesión de la licencia.

	El único órgano competente para la aprobación de las modificaciones del Plan General era y es el Pleno. Sin embargo, todos estos convenios fueron firmados por el Alcalde Accidental y sólo en algunas ocasiones fueron aprobados por la Comisión de Gobierno (menos del 40 % de los convenios firmados en 2000 y 2001). También se concedieron licencias de construcción en los terrenos enajenados sin estar aprobada la revisión del Plan.

	En ocasiones, los convenios de dación en pago de deudas contemplaron la transmisión de inmuebles de titularidad municipal para pagar la ejecución de obras cuya correcta realización no había sido debidamente acreditada.

	En otros casos, no se acreditó la necesidad de las permutas como exige la ley, o se “permutaron” inmuebles por obras, lo que supone una vulneración de las normas sobre contratación de las administraciones públicas y en particular del art. 25 de la Ley Autonómica 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que sólo lo admite cuando se trata gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico. 

	Muchas veces se acudió al procedimiento negociado sin que resultara aplicable, basándose en la previa celebración de una subasta que había quedado desierta, pero convocada mucho tiempo antes de la firma del convenio, en ocasiones varios años antes, y siempre más allá del límite de un año que establece citada Ley 7/1999.

	A las anteriores irregularidades en la tramitación de los convenios se han sumado otras, como sacar a subasta bienes que ya habían sido previamente enajenados por el Ayuntamiento, enajenar “por error” una zona verde pública, o celebrar convenios sobre bienes que no eran propiedad del Ayuntamiento.

	Todo esto permite calificar prima facie la conducta del Alcalde Accidental que firmó los convenios, D. Juan Felipe Muñoz Palomo, como constitutiva de un delito continuado de prevaricación del art. 404 CP. Además, en los casos en que posteriormente se concedieron licencias de obras vinculadas a estos convenios, tampoco se debería descartar la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio tipificados en el art. 320 CP.

	Asimismo, un análisis más detenido y detallado de cada uno de los supuestos habrá de servir para depurar las eventuales y concretas responsabilidades de otras personas, en particular de los miembros de las respectivas Comisiones de Gobierno que en algunos casos ratificaron los convenios y otorgaron las correspondientes licencias. Con este objeto, se han recabado las actas de las reuniones de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella que el Tribunal de Cuentas señala en su informe.

	Además de lo anterior, el Tribunal de Cuentas cuestiona la valoración hecha de los inmuebles enajenados, y ello por una serie de motivos.

	En primer lugar, el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia específica para realizar valoraciones y, a través de la sociedad “Planeamiento 2000, S.L.”, contrató a tasadores externos, concretamente a D. Segundo Pastor Gómez y a D. José Mora Igeño, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios. El Sr. Pastor Gómez realizó este trabajo hasta que fue cesado en junio de 1999 y sustituido por el Sr. Mora Igeño, que fue nombrado para desempeñar este cometido por la Comisión de Gobierno de 10 de marzo de 2000, de tal manera que ha sido este último quien ha informado la práctica totalidad de las tasaciones cuya exactitud y corrección cuestiona el Tribunal de Cuentas. Como claramente afirmó en su declaración  D. Antonio Belón Cantos, Jefe del Departamento de Valoraciones y Expropiaciones del Ayuntamiento de Marbella, no fue el exceso de trabajo sino “razones de confianza” lo que motivó que no se le encargasen a él las tasaciones y se contratase a tasadores externos.

Las irregularidades detectadas en los informes de valoración que figuran en los expedientes de los convenios son abundantes. En muchos expedientes los informes de tasación están fechados después de la firma del convenio, lo cual refleja claramente que se han limitado a ratificar el precio convenido con los particulares. El Sr. Mora Igeño ha elaborado al menos seis informes con posterioridad a la firma del convenio, concretamente los señalados en los apartados 5.12.3.7, 5.12.3.8, 5.12.4.2, 5.12.4.7, 5.12.4.14 y 5.12.4.18; otro informe está fechado el mismo día que el convenio (apartado 5.12.4.13), y otro -aunque ha sido conscientemente antedatado- se ha tenido que elaborar también con posterioridad al convenio (apartado 5.12.4.12). Algunos informes son incompletos al no incluir todos los bienes objeto de transmisión. En muchos casos, las valoraciones efectuadas no guardan coherencia con las relativas a otras parcelas del mismo sector o con parecidas características urbanísticas; otras veces, el precio fijado es idéntico al fijado en otro convenio de fecha muy anterior, lo que resulta ilógico en un mercado como el inmobiliario continuamente en alza. En ocasiones, la inadecuación de las valoraciones a los precios de mercado viene confirmada por el hecho de que los inmuebles enajenados por el Ayuntamiento son vendidos inmediatamente por los particulares a un precio mucho mayor que el de adquisición, generando unas enormes y asombrosas plusvalías (desde un 25 % el mismo día de la compra hasta un 1000 % en cuatro años). Es cierto que las declaraciones prestadas por algunas contrapartes en los convenios obligan a matizar algunas de las manifestaciones del Tribunal acerca de la corrección de las valoraciones, pero no alteran en su sustancia las principales conclusiones contenidas en el informe. En todo caso será preciso que, en sede judicial y con el objeto de contrastar las afirmaciones del Tribunal, se proceda a la valoración por parte de un perito imparcial de los inmuebles y aprovechamientos enajenados en los convenios.

	El protagonismo de D. Juan Antonio Roca Nicolás en la elaboración y negociación de los convenios es indiscutible, como se deduce de lo afirmado en la inmensa mayoría de las declaraciones prestadas hasta la fecha, tanto por personas que trabajaban en el Ayuntamiento o sus sociedades (el Interventor, el Secretario, la asesora jurídica de “Planeamiento 2000, S.L.”), como por particulares y representantes de las sociedades que firmaron los convenios.

	Por otra parte, no se puede admitir sin más la tesis del Alcalde accidental D. Julián Felipe Muñoz Palomo, de que firmaba los convenios que se elaboraban en “Planeamiento 2000, S.L.” sin conocer su contenido. La responsabilidad derivada de su cargo le exigía conocer los perjuicios económicos que se estaban causando al Ayuntamiento de Marbella mediante la firma de estos convenios.

	En opinión de los inspectores del Tribunal de Cuentas, y tal como se detalla en el folio 1767 de la documentación remitida por el Tribunal, el desfase entre las valoraciones que constan en los convenios y los precios estimados de mercado habrían acarreado a las arcas municipales un perjuicio global cercano a los 22.000.000.000 pts. (aproximadamente 132.000.000 €). Por haberse realizado entregas sin contraprestación, los perjuicios ascenderían a más de 665.000.000 pts. (aproximadamente 4.000.000 €).

	En resumen, los Sres. Muñoz Palomo y Roca Nicolás aparecen como los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Marbella a unos precios muy inferiores a los de mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio. En todo caso, dado que se trata de una modalidad de liquidación de haberes públicos, la conducta parece incardinable en los arts. 406 y 432.1 CP, que tipifican respectivamente los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, con carácter continuado y en relación de concurso medial (vid. SSTS n.º 1537/2002, de 27 de septiembre, y n.º 257/2003, de 18 de febrero). Ambos delitos serían imputables al Sr. Muñoz Palomo a título de autor, y al Sr. Roca Nicolás a título de cooperador necesario. Por último, el Sr. Mora Igeño habría participado también en su comisión, al menos a título de cómplice.

B) En estrecha relación con lo anterior, el informe del Tribunal de Cuentas dedica el epígrafe 5.11 a las operaciones del Ayuntamiento con la sociedad “General de Galerías Comerciales, S.A.”

Dos son las cuestiones con posible trascendencia penal que a priori se suscitaban en relación con este punto. La primera es que se hubieran podido pagar con fondos municipales unas obras cuya ejecución no ha tenido lugar o que se han ejecutado en una medida mucho menor a la inicialmente proyectada. La segunda es que dicho pago se hubiera podido realizar mediante la entrega de bienes inmuebles infravalorados, y a través de un procedimiento administrativo plagado de irregularidades.

A resolver la primera cuestión han contribuido las declaraciones prestadas por los testigos y la aportación de la documentación requerida por esta Fiscalía, sin que en el momento actual pueda todavía determinarse con absoluta certeza en qué medida se han ejecutado las obras pactadas, aunque sí parece que lo han sido en su mayor parte, como se deduce de la documentación aportada por el representante legal de la sociedad (folios 6442 y siguientes).

Por lo que respecta a la segunda cuestión, le son plenamente de aplicación las consideraciones que se han hecho previamente, relativas a los convenios urbanísticos, de tal manera que cabe considerar los convenios firmados con “General de Galerías Comerciales, S.A.” un capítulo más del anterior apartado.

5.º En virtud de todo lo anterior, con fecha 20 de julio de 2006, se ha dictado la resolución de conclusión de las Diligencias de Investigación n.º 4/05 de esta Fiscalía, en la que se ha acordado, entre otras cosas, “interponer querella criminal ante el Juzgado de Instrucción Decano de Marbella, contra D. Julián Felipe Muñoz Palomo, D. Juan Antonio Roca Nicolás y D. José Mora Igeño, por su participación en la presunta comisión de sendos delitos continuados de prevaricación (art. 404 CP), contra la ordenación del territorio (art. 320 CP), fraude (art. 406 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432.1 CP)”.

6.º Es aplicable el Procedimiento Abreviado regulado en el Título II del Libro IV de la LECrim (art. 757 LECrim y art. 5.2 párrafo segundo LOTJ).

	Madrid, a 25 de julio de 2006

										El FISCAL